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El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu ha acusado a Rusia de “crímenes de guerra” por los ataques a sendos hospitales en Idlib y Azaz, al norte de Siria, uno de ellos gestionado por Médicos Sin Fronteras, provocando decenas de muertos. Un hecho que Davutoglu no ha dudado en calificar de “vil, cruel y bárbaro”. No es ninguna sorpresa que Moscú haya negado la acusación y haya trasladado a otros la responsabilidad porque eso es lo que suelen hacer quienes bombardean objetivos civiles. Lo llamativo del mandatario turco es que, sin embargo, se limite a calificar de “preventivos” los cinco días de continuos bombardeos contra las zonas arrebatadas por las YPG kurdas al Frente al Nusra y al grupo, igualmente islamista radical, de Ahrar al Sham, ya que esos proyectiles, lanzados desde el otro lado de la frontera, también están causando víctimas civiles.





Pero lo que Davutoglu desde luego no considera ni crímenes de guerra ni resultado de ataques preventivos son los más de 150 muertos durante el asalto a tres sótanos de Cizre, donde se habían refugiado decenas de personas. Esta ciudad, situada al sureste de Turquía, sufre desde hace más de dos meses una ofensiva militar para desalojar a grupos armados que el Gobierno turco vincula a la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Como ya ha ocurrido en el casco histórico de Diyarbakir, en Silopi, Nusaybin, Yuksekova, Lice o Silvan, una parte de la ciudad ha quedado prácticamente en ruinas debido a los combates y al uso de tanques y artillería pesada.

Estos hechos se conocían hace dos semanas porque así lo habían denunciado organizaciones humanitarias, como la Asociación turca de Derechos Humanos (IHD), y también porque las propias personas que habían buscado refugio en esos sótanos habían advertido por teléfonos móviles de la gravedad de su situación. Concretamente se trata de dos sótanos situados en el barrio Çudi y otro en el de Sur; en los tres, la situación era desesperada porque en cada uno de ellos había decenas de personas, una parte de ellas gravemente heridas, mientras el Ejército seguía bombardeando la parte superior de los edificios, que terminaban desplomándose sobre los refugios.

En varias ocasiones, estas llamadas telefónicas solicitaban ambulancias medicalizadas para trasladar a los heridos pero, cuando las ambulancias llegaban, eran detenidas en los controles militares bajo la excusa de que se estaban produciendo combates en la zona.

Estas denuncias procedían tanto de la IHD como del pro-kurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), aunque también han sido realizadas por políticos europeos, como el europarlamentario español Javier Couso, quien ha exigido una investigación internacional. En las denuncias se daban cifras aproximadas de las personas atrapadas pero no podía confirmarse su veracidad, pese a los sucesivos llamamientos a la comunidad internacional.


Derya Koc, HDP, que denunció por el móvil el asalto del Ejército. Su cuerpo apareció en la morgue de Habur.

Una de esas llamadas realizadas desde uno de los sótanos fue la de Derya Koç, informando que se encontraba en el refugio del barrio Sur. Según explicó esta antigua responsable del HDP en la localidad de Milas, eran cuarenta personas, de las que la mitad ya habían muerto, dando los nombres de las que quedaban con vida, todas heridas, algunos en brazos y piernas, otros con quemaduras.

Entre los nombres de las personas aún con vida estaba Abdulselam Turgut, cuyo cuerpo sería después identificado en la morgue de Silopi. Derya explicaba en su dramática llamada de socoro que les estaban lanzando gases lacrimógenos, que no podían respirar por el gas y que tampoco tenían medios para detener las hemorragias de los heridos. “Si los heridos graves no reciben atención médica pronto, pueden morir. La situación es crítica. Estamos rodeados por tanques.”, decía a la agencia Jihan News. Su cuerpo también sería identificado días después por su padre en el depósito provisional instalado en la aduana de Habur, cerca de Silopi.

Finalmente, tras dos semanas de asedio, el Ejército lanzó el 7 de febrero una amplia operación contra estos refugios. La primera noticia la dio la Radio Televisión Turca (TRT), citando la cifra de 60 “terroristas neutralizados”, término que se utiliza sistemáticamente para todas las personas que mueren en esta campaña y que, solamente en la operación de Cizre, se ha cobrado desde el 14 de diciembre más de 659 vidas; según el Gobierno, todos son terroristas. Sin embargo, ante el escándalo que suponía una cifra tan elevada, el mando militar la corrigió sustancialmente, rebajándola a solo una decena de militantes del PKK “neutralizados”.


Derya Koc, HDP, que denunció por el móvil el asalto del Ejército. Su cuerpo apareció en la morgue de Habur.


A partír de ese momento y según distintas fuentes, recogidas también por la prensa turca, fueron llegando a los distintos hospitales de la zona decenas de cadáveres para realizar las consiguientes autopsias, ya que el de Cizre, al que habían sido trasladados una veintena de cuerpos, estaba colapsado. Según estos datos, otros 51 cuerpos habrían sido trasladados al hospital de Silopi, depositándose algunos cadáveres en las cámaras frigoríficas de la citada aduana de Habur, que hace frontera entre Turquía e Irak; otros 28 habían sido enviados a un hospital de Urfa, mientras que Antep habría acogido a otros 20, Mardin a 17 y Sirnak a 13. En total 149 cuerpos, a los que habría que sumar varios cadáveres más encontrados posteriormente.

Hasta el momento, de la operación se desprende que no ha habido detenciones ni supervivientes, ni siquiera personas heridas que hayan sido trasladadas a centros hospitalarios. Algunos medios periodísticos turcos, citando fuentes policiales, consideran que el grave atentado contra varios autobuses militares en Ankara, con una treintena de muertos, podría ser un acto de venganza del PKK, mientras que otras fuentes lo relacionan con el Estado Islámico, responsable de los últimos atentados perpetrados en Istanbul, Ankara, Suruç y Diyarbakir.




De acuerdo con los testimonios tanto de familiares como de quienes han participado en las autopsias, muchos cuerpos están quemados y otros tienen las extremidades desmembradas. Solo una mínima parte de las personas fallecidas han podido ser identificadas, entre ellas la joven Sultan Irmak, que ya ha sido enterrada en Silvan, la ciudad de la que era originaria. También Yasmín Cikmaz, cuya familia asegura que se refugió en ese sótano al verse sorprendida por los combates.

El padre, Abdullah Cikmaz, es una de las personas que pudo hablar con su hija por teléfono cuando todavía estaba con vida. Le dijo que se encontraba herida y Abdullah logró que un equipo médico se acercara al lugar pero tampoco pudieron atenderla. Abdullah, tras reconocer en la morgue de Mardín el cuerpo de su hija, dio credibilidad a las denuncias sobre el uso de armas químicas durante el asalto a esos sótanos, diciendo que, incluso si se mata a una persona, no puede hacerse de una forma tan salvaje.

Con este asalto, el ministro del Interior turco, Efkan Ala, daba por finalizado el pasado 11 de febrero, la operación de “limpieza” en Cizre, para preparar, tras haber culminado también las de Diyarbakir, Lice, Silvan y Silopi, nuevos operativos semejantes en Idil, Nusaybin y Sirnak, donde, parafraseando a Davutoglu, se utilizan métodos tan crueles y bárbaros como los de la guerra siria.


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