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El Gobierno británico ha anunciado este lunes el endurecimiento de las condiciones de quienes se desplazan a estudiar a Reino Unido desde fuera de la Unión Europea. Desde el próximo mes, perderán el derecho que tienen a trabajar un máximo de diez horas semanales si están matriculados en centros sostenidos con fondos públicos, uniéndose a los de universidades privadas, que ya tienen prohibido cualquier empleo. Además, una vez acaben sus estudios, no podrán solicitar un permiso de trabajo salvo que primero abandonen el país.



El ministerio británico del Interior ha explicado que estas medidas son "mano dura contra el fraude de visados" y que su objetivo es garantizar que los visados de estudiante se usan para estudiar y no para trabajar, informa el diario The Guardian. El plan será presentado al Parlamento la próxima semana.

El ministro de Inmigración, James Brokenshire, ha afirmado que existen "delincuentes de la inmigración que quieren vender un acceso ilegal al mercado laboral británico que mucha gente está dispuesta a comprar", según recoge el diario The Independent. "Los contribuyentes que ayudan a financiar universidades sostenidas con fondos públicos esperan que estas proporcionen una educación óptima, no una puerta clandestina a un permiso de trabajo", ha agregado.

Varios representantes de las universidades consultados por la prensa británica han criticado las medidas porque, en su opinión, privarán al país de dinero y talento. El año pasado entraron en Reino Unido 121.000 estudiantes procedentes de fuera de la Unión Europea y 51.000 abandonaron el país, según datos the The Independent.

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