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En 1984 expertos en toxicología contratados por el INS de Colombia recomendaron no usar el herbicida porque al no existir evidencia sobre sus efectos equivaldría a experimentar con humanos. No fueron escuchados.


El procurador Alejandro Ordóñez  arremetió en la mañana de ayer contra la recomendación del Ministerio de Salud de suspender las aspersiones con glifosato para combatir cultivos ilícitos. Esta vez lo hizo basándose en un documento del Instituto Nacional de Salud (INS) que fue enviado al viceministro de esa cartera y que, según Ordóñez, hasta el momento era desconocido, había permanecido oculto y va en contra del mandato del Gobierno. “Es gravísima la falta de transparencia en este asunto”, dijo. “El informe no fue tenido en cuenta. Se evitaba que se supiera que esa decisión carece de fundamento científico”.

De acuerdo con el procurador, el texto del INS contradice los argumentos del Minsalud. En sus palabras, muestra que no hay conexión científica entre la aspersión de los cultivos ilícitos con el herbicida de Monsanto y eventuales casos de cáncer.

Ordóñez en realidad dijo una verdad a medias. El reporte, que hace un análisis del dictamen de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) a propósito del glifosato, dice que esta entidad parte de una evidencia que no es nueva y que además asegura que es poco probable que la concentración del herbicida alcance niveles que representen un riesgo serio para la salud. Por eso, entre otros argumentos, el INS no considera viable que el Gobierno se acoja al principio de precaución.

Pero esa evaluación es sólo una parte del texto. En su lectura, Ordóñez omite otros elementos. El más fuerte, quizás, es la recomendación del INS de que se suspenda el uso del glifosato mientras se conoce información adicional de la IARC, es decir, “mientras la recomendación emitida por la IARC, una agencia de la OMS especializada en la investigación en cáncer, se hace pública y con el ánimo de reducir el riesgo de la población, se considera útil una suspensión temporal del uso del herbicida en el Pecig”.

Hasta el momento la IARC ha hecho público un informe que no representa la totalidad de su monografía. Tal y como le dijo a El Espectador hace unas semanas Kate Z. Guyton, la toxicóloga Ph.D. que dirigió el equipo de investigación, el texto final contendrá más de 400 páginas de información, pruebas, estudios y procesos.
Sin embargo, aparte de estas razones, el procurador también olvidó contar la primera parte de toda esta historia. Una historia que empezó hace 30 años y en la que varias entidades estatales desconocieron la recomendación que entonces hizo la ciencia: “No usemos glifosato”.


La historia detrás del glifosato


 Mucho antes de que en 1999 se pusiera en marcha el Plan Colombia nuestro país ya utilizaba glifosato para fumigar cultivos de coca y marihuana. La idea de usarlo empezó a tomar forma en diciembre de 1983. El 5 de ese mes, el Consejo Nacional de Estupefacientes les pidió al mismo Instituto Nacional de Salud, el ICA y el Inderena que establecieran la viabilidad de usar herbicidas para combatir las plantaciones ilícitas. Específicamente querían saber si se podía llevar a cabo un plan de aspersiones aéreas con paraquat, 2,4-D o glifosato.

La polémica entonces giraba en torno al paraquat, un poderosos herbicida que empezó a utilizar en los 60 la Imperial Chemical Industries de Gran Bretaña y que después de unos años fue calificado como altamente tóxico.

Para saber cuán pertinente podía ser su utilización el Ministerio de Salud y el INS convocaron, a petición del Gobierno, una comisión de científicos altamente calificados, liderados por el doctor Edgar Podlesky, un microbiólogo ambiental de la Universidad de California y quien entonces era el jefe del Grupo de Sanidad de Ambiente del INS. También contaban con la presencia de Rizwanul Haque, delegado de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Entre todos tenían la tarea de establecer, esencialmente, si alguno de los productos químicos era perjudicial para la salud humana.

Para responder esa pregunta se reunieron en reiteradas ocasiones los ministerios de Salud y de Justicia, la Policía Nacional, la Organización Mundial de la Salud, la Federación Médica y varias universidades y entidades gubernamentales. La primera cita se llevó a cabo el 23 de enero de 1984. Luego se encontraron de nuevo en febrero de ese año, el 17 y 18 de abril y, más tarde, el 7 de mayo.

Las conclusiones a las que llegó ese grupo quedaron registradas en una cartilla que se publicó en junio de 1986 después de muchos tropiezos. Por nombre llevaba Comité de expertos en herbicidas. Implicaciones del uso de herbicidas en la erradicación de cultivos ilícitos.

En resumen, el consejo que le dieron los científicos al Gobierno fue que “desde el punto de vista de la salud humana y el impacto en el medio ambiente, el método químico debe ser el último en considerarse”. Tal y como se lee en las memorias de la reunión de abril, “no se recomienda el uso de ninguno de los herbicidas por vía aérea”.


Y en el caso del glifosato son claros: “Su toxicidad en humanos es poco conocida. No hay literatura al respecto (…) Igualmente, se desconocen sus potenciales efectos como consecuencia del consumo de marihuana contaminada con el herbicida”. Y más adelante aseguran: “Esta decisión se fundamenta en el vacío de información que se tenía, el impacto en la vegetación, la cartografía de las áreas y la toxicidad a mediano y largo plazo del producto en hombres. Se desaconseja la ejecución del programa propuesto, porque sería aceptar la experimentación en humanos”. Sin embargo, otros miembros del grupo apoyaron la idea de utilizarlo siempre y cuando se creara un programa de vigilancia toxicológica y ambiental.

Pese a esas recomendaciones, el 22 de mayo de 1984 el Minjusticia le dio vía libre al glifosato después de un consejo de ministros. ¿Por qué? “Nunca entendí. Trajimos a los mejores expertos en toxicología e hicimos un trabajo juicioso. De hecho, cuando tomaron la decisión íbamos en la mitad de unos ensayos que estábamos haciendo con cultivos de marihuana en la Sierra Nevada. Si nosotros decíamos que no, ¿por qué insistían? Nunca lo supe. Además, estoy seguro de que nunca hubo un programa de seguimiento toxicológico, que era muy necesario”, dice hoy el doctor Podlesky.


A Podlesky le molestó tanto la decisión que exigió al INS y al Minsalud que dieran las razones por las que habían aprobado las aspersiones. Pero su conducta no fue bien vista por los altos mandos. Incluso fue excluido de la publicación de la cartilla. Su versión la confirma Francisco Rossi —hoy director de la Fundación Ifarma—, quien apareció como compilador. 

“El doctor Podlesky fue quien coordinó todo: manejo de agenda, comunicación con expertos, documentos. Todo. Y cuando se hizo pública la decisión de fumigar, nos buscó en el INS para que le ayudáramos a sacar del anonimato todo el trabajo que se había hecho. Las directivas estuvieron de acuerdo, pero no permitieron que su nombre apareciera. En cambio me pusieron a mí y a María Elena Arroyave, que no habíamos hecho ningún estudio técnico. Lo que pasó en esa década fue que los científicos dijeron que no pero los políticos dijeron que sí”, cuenta Rossi.

La decisión final del Minjusticia contrasta con las palabras del ministro de Salud en la primera reunión del comité: “No sabemos cuál vaya a ser la respuesta de ustedes, pero conocemos la independencia científica de cada uno de los componentes de este grupo. Esto es lo que más nos interesa. No hay duda de que existe una tremenda presión por el uso del paraquat, pero no queremos someternos a esa presión; queremos resolver el problema nosotros mismos”.

Al frente de esa cartera estaba Jaime Arias, hoy presidente de Acemi, el gremio que agrupa a las multinacionales farmacéuticas de Colombia. “La decisión efectivamente la tomó el Minjusticia”, dice hoy Arias. “Pero lo hizo con base en una recomendación de la misma OMS. Claro, no había ninguna evidencia sobre su relación con el cáncer. Pero nosotros sólo nos encargamos de la consulta a los expertos. Nada más”.

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